Un análisis exhaustivo de más de 30 años de datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), realizado por SOFOFA con apoyo de la plataforma PRISMA, revela un incremento sostenido y preocupante en los tiempos de aprobación de proyectos en Chile.
Entre 2008 y 2025, los plazos promedio para emitir Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) han registrado alzas significativas: las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) pasaron de 234 a 401 días, un aumento del 71%, mientras que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se dispararon de 355 a 1175 días, equivalente a un incremento del 231%.
Estos resultados evidencian un desafío crítico para la competitividad y la predictibilidad de las inversiones en nuestro país. Actualmente, sólo un 3% de las DIA y ningún proyecto EIA cumple con los plazos promedios establecidos por SOFOFA a través del análisis de datos de los proyectos de inversión (200 y 450 días, respectivamente), situación que genera incertidumbre y desincentiva el desarrollo económico.
La presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, enfatiza que «sin una adecuada modernización y mayor eficiencia en el sistema, la permisología en Chile seguirá siendo un impedimento para el desarrollo sostenible y competitivo del país”.
El informe también destaca que factores como la participación ciudadana prolongan en promedio entre 159 y 234 días adicionales los procesos de DIA y EIA, respectivamente. A su vez, la complejidad de proyectos interregionales agrega hasta 74 días más. Por otra parte, los proyectos que finalmente son rechazados experimentan demoras prácticamente el doble que los aprobados.
Reducir los tiempos y optimizar la tramitación ambiental no es sólo una necesidad técnica sino una prioridad estratégica para el país. SOFOFA sostiene que la solución requiere un rediseño integral del sistema que garantice transparencia, certeza jurídica y eficiencia, con procesos que respondan a las necesidades reales tanto de la comunidad como del sector productivo.
En esta línea, el gremio impulsa una agenda de permisología en base cero, que busca modernizar la regulación con altos estándares técnicos y un enfoque basado en evidencia científica, logrando un equilibrio entre protección ambiental y dinamismo económico.
“La situación demanda una profunda revisión del sistema, con el fin de garantizar que el proceso sea más eficiente y capaz de responder a las necesidades del país y de sus habitantes», agrega Navarro.