SOFOFA acompaña la tramitación e implementación de proyectos de ley clave: AFIDE, promoviendo la colaboración público-privada y el apoyo al escalamiento de emprendimientos de base científico-tecnológicos; y la Ley SBAP, buscando que la protección ambiental avance sin frenar la inversión responsable.
Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE)
Estado: En segundo trámite constitucional, con urgencia suma, y está siendo conocido por la Comisión de Hacienda del Senado.
Postura: Valoramos que el proyecto esté orientado a establecer una institucionalidad que coordine de manera efectiva la colaboración público-privada y entregue apoyo especializado a proyectos en etapa de escalamiento mediante instrumentos públicos, con el objetivo de avanzar hacia un mayor desarrollo científico-tecnológico en nuestra economía, lo cual es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico.
Sin embargo, existen aspectos clave que requieren una discusión en su mérito y perfeccionamiento. SOFOFA expuso en la Comisión de Hacienda del Senado, planteando tres principales inquietudes o resguardos a considerar: (i) la sostenibilidad fiscal de la Agencia; (ii) su gobernanza y efectiva autonomía, (iii) rol de los privados y otros actores.
Ley SBAP
Estado: La Ley N° 21.600 (SBAP o “Ley de la Naturaleza”), que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y establece el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fue publicada en septiembre del año 2023. Actualmente, para la implementación de la Ley, se están elaborando una serie de reglamentos.
Postura: Si bien la creación del SBAP es un paso relevante, la definición de sus reglamentos será clave para evitar discrecionalidad en los criterios de evaluación ambiental y evitar que su aplicación pueda injustificadamente frenar proyectos de inversión. En este sentido, preocupa, por ejemplo, que la actualización de listados de especies protegidas y sitios prioritarios se enfoque solo en ampliar restricciones.
Un adecuado diseño de los reglamentos del SBAP puede cerrar brechas existentes y fortalecer la conservación del capital natural, siempre que su implementación no afecte la vocación productiva.
El sector privado puede y debe ser un aliado del Estado en la tarea de proteger los ecosistemas. Sin embargo, la permisología ya es un problema transversal que afecta a múltiples sectores, y la aplicación del SBAP no debería agravar esta situación con mayores costos y exigencias operacionales que impacten a nivel regional. El equilibrio entre desarrollo y protección ambiental no es excluyente: la mejor manera de lograrlo es impulsando nueva inversión responsable, hoy detenida por la falta de certezas.